Fiscal General del Estado

La Constitución española de 1978(en la fotografía ejemplar conservado en el Congreso de los Diputados) reconoce específicamente al Ministerio Fiscal en el artículo 124, donde también se esbozan sus funciones, los principios que han de regir su funcionamiento o el mecanismo que ha de proceder a la hora de la elección del Fiscal General del Estado.

Tengo la sensación de que el Fiscal General del Estado, es una figura totalmente al servicio del Ejecutivo que le nombra. Así, no podemos decir de ninguna de las maneras que vivimos en un Estado de Derecho, es totalmente imposible.

Si todas las instrucciones de todos los casos que se inician en los juzgados, está supeditados al dictado de lo que el Fiscal General de Estado orden, entonces 'apaga la luz y vayámonos'.

Tal como reza la leyenda de la fotografía tomada de WikipediA , el artículo 124 de nuestra Constitución de 1978, es fundamental en lo que atañe a los principios y funciones del  Ministerio Fiscal, y dice en dicho artículo:

El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Me interesa resaltar donde dice 'velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social'

Los últimos acontecimientos sobre el llamado 'caso Bárcenas', está demostrando que el Fiscal General del Estado, intenta con sus autos dirigidos al juez Ruz, que desista claramente de seguir las actuaciones para esclarecer y determinar la 'supuesta' financiación ilegal del Partido Popular, ahora en el Gobierno de España.

Y para terminar sobre este tema, transcribo lo que dice WikipediA, sobre los procesos penales:

'Probablemente sea una de las funciones más relevantes del Ministerio Fiscal su intervención a lo largo de todo el proceso penal, tanto en defensa de la legalidad, como de los derechos de los ciudadanos, como del interés público.

En primer lugar, este órgano constitucional está capacitado para recibir denuncias, las cuales enviará a la autoridad judicial correspondiente o decretará su archivo cuando no se hallen fundamentos para ejercitar acción alguna, siendo obligada en el último caso la notificación al denunciante. También tiene potestad para practicar diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos, a cuyo fin depende de él la Policía Judicial, teniendo que instar de la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares que estime procedentes.

Las prácticas de las diligencias estarán inspiradas por los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa. Precisamente por ello, el fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido por un letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias que se practiquen. Las mismas se prolongaran en el tiempo proporcionalmente a la naturaleza del hecho investigado, sin que en ningún caso se sobrepasen los seis meses de duración, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado. Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación pusiese de manifiesto hechos de significación penal y fuere cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización, formulando a tal efecto la correspondiente denuncia o querella, a menos que resultara procedente su archivo'.

Que cada uno haga su reflexión.