A mí, que me registren

Otro golpe más que nos asesta Alberto Ruiz-Gallardón, a la sazón ministro de Justicia del Gobierno de España, para más señas presidido por Mariano Rajoy Brey, es decir el presidente máximo responsable de las actuaciones que hace ante los ciudadanos, los cuales gobierna con esa mayoría absoluta que le otorgaron casi once millones de votantes (11) en las 'famosas' elecciones generales del 20-N del  año 2011, para cambiar España.

Otro golpe más que el ministro Gallardón, asesta a la ciudadanía, actuando contra el artículo uno de la Constitución de 1978. Conviene recordar este artículo, pues parece que a este Gobierno se le ha olvidado completamente y dice textualmente: "España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Pues no os creáis nada de lo dice dicho artículo, pues poco a poco y a veces en plan acelerado e inclusive con nocturnidad y alevosía, se han empeñado en eliminar de facto dicho artículo.

Aquellos brotes verdes que decían en su momento los anteriores inquilinos de la Moncloa, ahora han aparecido otros brotes que son puros granos de intereses puramente privados y no públicos.

Resulta que el decano de los registradores (cuerpo, por cierto que ha ido ganando méritos propios), ha anunciado al mundo ciudadano que ese colectivo minoritario de gran arraigo en España, se quedarán con la gestión, el diseño, el desarrollo tecnológico y la explotación comercial del Registro Civil, hasta ahora institución pública.

El Registro Civil, ese que obligatoriamente hay que registrarse, por el hecho por ejemplo de haber nacido, de casarte, divorciarte, emparejarte de hecho, de comunicar el fallecimiento, o cualquier otra circunstancia que queráis añadir, para certificar ante otras instancias que estamos vivos o muertos o vaya usted a saber, qué más burocracias nos exigen a lo largo de nuestras vidas.

En román paladino, se estima que este colectivo alcanzará una facturación por estos conceptos de 150 millones anuales. La ventaja de algunos registradores, ahora en política, es que ya no habrá que colocarlos, después de su marcha de la cosa pública, en los consejos de administración de las grandes empresas de energía y cosas así, ya que algunos recuperarán las plazas en excedencia y tendrán una jubilación de oro para el resto de sus vidas.

A mí, que me registren.